Un abogado Angosturense condenado por estafar a dos colegas al quedarse con dinero de un trabajo conjunto, intentó defenderse y dar vuelta su situación ante un Tribunal de Impugnación, pero no lo logró. Le confirmaron la pena.
En junio de este año, Alejo Fabián Sosa, el abogado angosturense en cuestión, fue sentenciado a un año de prisión condicional y sin poder ejercer su profesión en septiembre, tras demostrarse que se quedó con casi 80 mil dólares de los honorarios de dos colegas con quienes trabajó en un caso.
Según pudo demostrar el Ministerio Público Fiscal, todo inició cuando el abogado hoy condenado junto a otros dos colegas -un hombre y una mujer- fueron contratados para trabajar en conjunto en un caso de homicidio de Villa La Angostura. La esposa de la víctima fue quien se constituyó como querellante y los contrató para ser asesorada en 2006, contexto en el que los tres letrados “suscribieron un acuerdo de honorarios para trabajar en conjunto el caso”.
“Los dos abogados y la abogada acordaron que, si bien los honorarios serían regulados a favor del profesional que resultó imputado por ser de la ciudad, la totalidad de los mismos serían distribuidos en partes iguales entre ellos”, detallaron.
Es así que, entre el 10 y el 15 de diciembre de 2018, el abogado estafador se reunió con su clienta en San Martín de los Andes, donde la mujer le hizo una entrega de 120 mil dólares por el trabajo y el letrado “retuvo indebidamente la parte correspondiente a sus colegas”, puntualmente 79.992 dólares que constituían los dos tercios de los honorarios que les correspondían a sus colegas.
A pesar de no haber recibido nada, los otros dos abogados se enteraron de la entrega de dinero que nunca llegaron a ver y enfrentaron a Sosa, quien se negó a entregar el dinero que no era suyo. Posteriormente, fue intimado también a entregar el dinero mediante una carta documento que se le envió en octubre de 2019, pero ante su reiterada negativa, finalmente las víctimas lo denunciaron penalmente y lograron llevarlo a juicio por defraudación.
Luego de un debate de dos días, Sosa fue declarado autor responsable del delito de defraudación por retención indebida y posteriormente sentenciado a la pena de prisión en suspenso e inhabilitación de un año, pese a que la fiscalía la solicitó por dos.
No obstante, el abogado y su defensor, no satisfechos con el resultado del proceso, llevaron la sentencia ante un Tribunal de Impugnación para ser revisada, aunque una vez más, tampoco consiguieron salirse con la suya.
Durante la audiencia ante el nuevo tribunal, el fiscal jefe Fernando Fuentes sostuvo que, respecto de la pena, la defensa no expuso agravios por escrito por lo que corresponde se la desestime. Y puntualizó que “el impugnante no fundó las supuestas ‘afirmaciones dogmáticas’ que provocan la arbitrariedad de la sentencia, limitándose a fundar el agravio relativo a la calificación jurídica”.
Asimismo, remarcó que “conforme al acuerdo de honorarios, Sosa recibió la suma de dinero en nombre de sus colegas. El acuerdo existía, fue reconocido por el imputado”. Y añadió que “la demanda civil no tiene incidencia en la acción penal” y que “la sentencia está debidamente fundada”, por lo que solicitó que fuera confirmada en todos sus términos. El abogado querellante, adhirió al planteo.
Luego de discutir los pedidos de las partes, el tribunal planteó que “corresponde confirmar las sentencias de responsabilidad y pena, en tanto exhiben un razonamiento integrado, en el cual se conectan los hechos y las pruebas aportadas para llegar al derecho aplicable. No se constató una fractura en el razonamiento lógico derivando en conclusiones contradictorias o inconciliables con las circunstancias objetivas de la causa. En este sentido, los agravios aparecen como una opinión discrepante sobre el encuadre jurídico de los hechos que de ningún modo fulmina la coherencia de la motivación en la que se sostuvo el fallo”.
Con este argumento, entre otros, la impugnación fue rechazada y se confirmó la sentencia impuesta al abogado.